Avanza en Barcelona la tarjeta de vecindad para inmigrantes sin papeles

Como habíamos comentado en un artículo anterior, el Ayuntamiento de Barcelona emitirá un carnet a los inmigrantes irregulares, es decir, a los inmigrantes sin papeles, para acreditar su arraigo en la ciudad.

Aunque inicialmente el proceso de emisión iba a comenzar en septiembre de este año, no será hasta noviembre cuando realmente arranque, según lo ha anunciado el municipio.

Este «carné de vecindad» tendrá una vigencia de doce meses desde la fecha de la emisión y servirá solamente para acreditar la integración en la ciudad. Es decir, se trata de un «documento de vecindad» para evitar tanto el internamiento en el CIE de vecinos de la ciudad en situación irregular como su posible expulsión posterior.

Hay que tener claro que no es un permiso de residencia o trabajo. No se trata de una regularización propiamente dicha, ni sustituye el procedimiento de obtención de residencia por arraigo social, que prevé la normativa sobre extranjería.

Por otro lado, beneficiará solamente a quienes estén empadronados en la ciudad de Barcelona, o sea que NO aplica a los demás municipios o ciudades cercanas (ni siquiera a L’Hospitalet de Llobregat, por ejemplo). Estos ayuntamientos tendrían que establecer su propia tarjeta de vecindad.

Dónde se tramitará la tarjeta de vecindad para inmigrantes sin papeles

Los barceloneses en situación irregular lo podrán solicitar en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona desde donde, una vez acreditados los requisitos para presentar la solicitud, se les citará en la Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes, según ha informado el consistorio.

La Dirección de Servicios de Atención y Acogida a Inmigrantes será la encargada de realizar una entrevista y de recoger los datos y documentos solicitado para acreditar la tarjeta de vecindad para inmigrantes sin papeles.

El fundamento legal de la tarjeta de vecindad para inmigrantes sin papeles

La iniciativa del ayuntamiento de Barcelona se sustenta en el hecho de que la Ley 10/2010 de Acogida (artículo. 21) atribuye a los entes locales la competencia para «prestar el servicio de primera acogida a las personas empadronadas», así como de «fomentar las políticas necesarias y prestar los servicios necesarios para garantizar la cohesión social de la población y la acogida y la integración de los extranjeros inmigrados».

El ayuntamiento de Barcelona señala que aunque la tendencia es la imposición de la sanción de expulsión a los residentes sin permiso de residencia, los juzgados y tribunales siguen apreciando la existencia de arraigo familiar, laboral y social como un elemento determinante a la hora de adoptar la proporcionalidad de la expulsión y, por lo tanto, «la posibilidad de acreditar la integración en la ciudad es un elemento determinante desde el punto de vista jurídico para resolver el procedimiento de expulsión con una sanción económica, en vez de una sanción de expulsión».

Con este tipo de informes de estas características sería posible denunciar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales en caso de decretarse la expulsión e internamiento de una persona arraigada en la ciudad, tanto a través de las instancias estatales como de las europeas u organismos internacionales.