Residencia por razones humanitarias a venezolanos: España concede 400 autorizaciones.

Para los demás casos, los próximos días se aclarará el procedimiento.

El Gobierno ha concedido a 400 venezolanos los primeros permisos de residencia por razones humanitarias, una medida prevista en la ley y que puede otorgarse cuando no se concede el asilo a los solicitantes.

Fuentes gubernamentales han explicado a la agencia de noticias Efe que esta cifra podría aumentar en las próximas semanas, toda vez que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio que se reunió ayer ha propuesto a los venezolanos que se les ha denegado el asilo desde el 1 de enero de 2014 poder acceder a esta fórmula. 

Es el Ministerio del Interior quien elevó la propuesta a la Comisión, integrada por representantes de los ministerios de Justicia, de Asuntos Exteriores y de Presidencia y por la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR.

Durante la reunión, la Comisión estudió casi 500 expedientes de petición de asilo por parte de venezolanos, que copan cerca de la mitad de solicitudes presentadas por extranjeros ante el Ministerio del Interior.

La fuentes han precisado que de esas 500, solo a 5 se les concedió el asilo porque solo esas personas cumplían todos los requisitos que se precisan para acceder a esta condición.

Y por primera vez, a los rechazados, alrededor de 400, la Comisión ha propuesto que, como prevé la ley, se les otorgue el permiso de residencia por razones humanitarias. Se trata de permisos individualizados y por un año prorrogable.

A quienes se les ha excluido de este beneficio ha sido por suponer algún riesgo para la seguridad.

La Comisión propuso también un acuerdo, que firmará las próximas semanas el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que los venezolanos a los que se les ha denegado el asilo desde el 1 de enero de 2014 puedan acceder a la fórmula del permiso extraordinario de residencia por razones humanitarias.

Hace un mes, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, ya adelantó en el Congreso de los Diputados la intención de recurrir a esa fórmula para que los venezolanos que no tengan derecho a que se les otorgue el estatus de refugiado o asilado en España no estén en un limbo jurídico.