¿Es posible una regularización masiva de inmigrantes en España?

Desde hace unas semanas está planteada una controversia política en España sobre la posibilidad de una regularización masiva de inmigrantes que se encuentran actualmente sin papeles en territorio español. En este artículo nos referiremos a las iniciativas tomadas, sus resultados, los antecedentes de medidas similares, así como las razones que se esgrimen en uno y otro sentido, y nuestra opinión.

Regularización masiva de inmigrantes: El planteamiento actual

Los partidarios de la regularización masiva incluyen a varios partidos de izquierda, encabezados por Unidas Podemos, la iglesia católica y numerosas organizaciones no gubernamentales, estas últimas agrupadas en la plataforma #RegularizaciónYa.

En este sentido, el gobierno liderado por Pedro Sánchez ha decidido no abrir esta polémica en el seno del gobierno, rechazando discutir el tema en el Consejo de Ministros. Unidas Podemos ha presentado entonces su planteamiento en el Congreso, junto con otros 6 partidos políticos, como una proposición no de ley, en el que solicitan que el poder legislativo estudie la posibilidad de regularizar masivamente a los extranjeros sin papeles y exigiendo como único requisito que el inmigrante se encuentre en España.

Lo más probable es que esta proposición no prospere, pues no cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados.

Se calcula que medida favorecería alrededor de 450.000 personas que se encuentran en situación irregular en territorio español.

Antecedentes en España de Regularizaciones Masivas

El único caso de regularización masiva de inmigrantes irregulares en España se concretó en el año 2005, bajo el gobierno del PSOE. En ese entonces fueron regularizadas alrededor de 500.000 personas (se calculaba que en ese momento había unos 700.000 extranjeros irregulares en España).

La regularización no fue automática y sin requisitos; se exigió básicamente que los extranjeros beneficiarios hubiesen llegado al país y estuviesen empadronados a más tardar a comienzos de agosto de 2004, y que contaran con una oferta de trabajo de al menos 6 meses de duración. Por ello, un número importante de irregulares no pudo acceder al permiso de residencia y trabajo.

En ese entonces la regularización era una necesidad del mercado laboral y un mecanismo para aumentar significativamente los ingresos de la Seguridad Social. Existía una bonanza económica, tasas de paro históricamente mínimas y una gran cantidad de empleos, fundamentalmente en el área de la construcción y servicios, en los que los españoles no estaban interesados. Es importante tener esto en cuenta a la hora de analizar el caso en el presente, dado que estamos en una realidad diferente.

Razones que se esgrimen para una regularización masiva de inmigrantes

Además del planteamiento humanitario, de proteger a los más necesitados, la regularización masiva puede traer consigo beneficios a la sociedad en general.

En primer lugar, se conseguiría la incorporación a la economía formal de un número importante de personas que se encuentran en la llamada economía sumergida, lo que generaría consecuencias positivas en cuanto a mayores ingresos fiscales (tanto por impuestos directos e indirectos como por aportes a la Seguridad Social).

Adicionalmente, permitiría que los beneficiarios interactúen en el sistema financiero, tanto de ahorro como de acceso a préstamos, aumentando su nivel de vida y ejerciendo un impacto positivo en el incremento del consumo y del PIB español.

En tercer lugar, es evidente que existen todavía una serie de trabajos, especialmente en el campo, que no pueden cubrirse con mano de obra española, por lo que se requiere de extranjeros que estén dispuestos a realizarlos.

Por otra parte, el mantenimiento de la situación irregular por un periodo largo de tiempo, lleva al extranjero a una situación de precariedad económica que hace que requiera de mayores ayudas sociales, que afecta su salud -encareciendo los servicios médicos públicos- e incluso, por qué no decirlo, a tener que acudir a actividades delictivas (como ha sido el caso de algunos menores extranjeros no acompañados, que al cumplir 18 años son dejados a su suerte por los servicios sociales y carecen de posibilidades de conseguir un trabajo).

Razones que se alegan para no aprobar una regularización masiva de extranjeros

No vamos a analizar, por supuesto, los argumentos xenófobos y sin soporte técnico ni estadístico que esgrime algún partido de la extrema derecha, que se caen por su propio peso, sino los señalados por voceros del propio gobierno socialista.

La razón fundamental que se da para no tramitar una regularización masiva de inmigrantes es que iría en contra de la normativa y políticas migratorias de la Unión Europea, de la cual España forma parte.

Tanto los órganos administrativos de la UE como los funcionarios de países como Holanda y Alemania criticaron duramente la regularización masiva de 2005 llevada a cabo por España. Se alegaba que no sólo violaba la normativa comunitaria, sino que generaba un efecto llamada, incitando a que aumentara la inmigración irregular.

Adicionalmente señalaban que se estaba abriendo la puerta a una inmigración irregular que luego se trasladaría a otros países, una vez regularizada, porque además España concede la nacionalidad con muy pocos años de residencia a los ciudadanos latinoamericanos, filipinos y caboverdianos (los primeros son el grueso de la inmigración a España en la actualidad).

Contra este argumento se ha dicho que si tanto Portugal como Italia, a raíz del COVID19, han establecido una política de regularización masiva, no sería justo que España no pudiese hacerlo.

En respuesta, los voceros del gobierno español han señalado que, en el caso de Portugal, se debe a una razón puntual que no se da en España: que en el país luso no se presta atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, por lo cual en este estado de pandemia era necesario regularizarlos. Por lo que concierne a Italia, la regularización se hizo para cubrir la escasez de mano de obra en el campo. Supuestamente en España esta situación ha sido cubierta por otras vías, como la posibilidad de contratar a personas en paro sin que perdiesen la prestación, o de contratar extranjeros en situación irregular de entre 18 y 21 años de edad.

Mi opinión

Es indudable que España afronta un grave problema demográfico, de envejecimiento de la población, lo que obliga a reconocer que necesita de inmigrantes para revertir esta situación. De lo contrario, el país sufrirá en el futuro problemas estructurales que incluyen, por supuesto, la insostenibilidad del actual sistema de pensiones.

En este sentido, el gobierno debería establecer un plan periódico en el que se determine qué número de extranjeros necesita anualmente, y sus perfiles (edad, ocupación, etcétera) y fomentar su ingreso regular, estableciendo, por un lado, los controles adecuados para evitar el ingreso irregular (que actualmente, obviamente no funcionan) y, por otro, flexibilizando los requisitos de los permisos.

Así, por ejemplo, actualmente los requisitos para la contratación de personal extranjero altamente cualificado, para la reagrupación familiar de extranjeros no comunitarios, para la tarjeta de familiar comunitario en el caso de padres, o para los permisos de trabajo por cuenta propia, por citar algunos casos, son muy difíciles de cumplir (incluso las oficinas de extranjería han ido restringiendo a lo largo del tiempo la interpretación de algunos conceptos, lo que lo hace más difícil).

Por otro lado, no es cierto que el ingreso de extranjeros sea la causa del alto índice de desempleo; por el contrario, la incorporación al mercado laboral de personas jóvenes y en áreas menos cubiertas, estimula el empleo y la economía, como hemos explicado.

La causa del desempleo crónico en España obedece a motivos más estructurales, que incluyen el modelo económico, las trabas para emprender, la desmejora y desactualización del sistema educativo (que no parece el más adecuado en esta economía globalizada), entre otras cosas. No ha habido un plan gubernativo que ataque las raíces del desempleo, sino medidas coyunturales, muchas veces sin relación. Mientras no se estudie y ataque este problema seriamente, el desempleo continuará, con o sin extranjeros.

Queda en el aire la pregunta de qué hacer con la realidad de los aproximadamente 450.000 extranjeros irregulares que se encuentran en España mientras se toma una decisión concreta.

Existen medidas vigentes que se pueden adoptar. Por ahora, recordemos que de esa cifra, unos 120.000 son solicitantes de protección internacional (asilo) y que éstos obtienen un permiso de trabajo a los 6 meses de presentar la solicitud mientras el gobierno decide si se las concede o no, por lo que se encuentran en una situación menos perjudicial que los extranjeros en situación irregular que no lo han solicitado.

Adicionalmente, en el caso de los venezolanos a quienes se les deniega el asilo, se les está otorgando un permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. El gobierno debería estudiar seriamente la posibilidad de otorgar dicho permiso a otras nacionalidades, como a los ciudadanos colombianos, hondureños y otros latinoamericanos, por ejemplo.

Asimismo, una acción inmediata podría ser flexibilizar aún más los requisitos para el arraigo social, familiar o laboral (sin necesidad incluso de una reforma legislativa, basta en algunos casos cambiar los criterios de las oficinas de extranjería).

Una medida que pudiese no estar en conflicto con la política de la UE tiene que ver con otro problema que afecta gravemente al país: el caso de la llamada “España Vacía”, la despoblación sistemática de amplias zonas del país. El gobierno debería incentivar la repoblación a través de permisos de residencia y trabajo a extranjeros con la condición de que residiesen en dichas zonas, siempre y cuando pueda, además, suministrarles unas condiciones mínimas de habitabilidad y permanencia.

En definitiva, como vemos, la regularización masiva no es la única solución a la situación que atraviesan los afectados. Existen otros mecanismos, más racionales y menos simplistas, que se pueden adoptar. Ello requiere, por supuesto, un estudio y esfuerzo adecuados por parte de los órganos gubernativos competentes.

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